Últimamente se habla mucho de pobreza energética pero ¿qué hacen los gobiernos al respecto? ¿Y las suministradoras? ¿Cómo puede mejorar la atención social?
Desde el comienzo de la crisis económica en 2008 hemos sido testigos del aumento de la pobreza energética, es decir, de la cantidad de familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros básicos. Esta situación ha hecho evidente la necesidad de crear nuevas formas a estas personas.
Sin embargo, eso no es nada fácil, porque no queda claro quién debe hacerse cargo de la deuda que se genera en estas situaciones. Lo que sí queda claro es que las medidas tradicionales están obsoletas y debe apostarse por las nuevas tecnologías para poder ver un cambio real.
Una de las ciudades que está luchando contra la pobreza energética con la tecnología es Barcelona. Veamos qué medidas ha tomado para mejorar las vidas de sus habitantes.
Estudio de caso: Barcelona
En Barcelona se estima que un 10% de los hogares se encuentra en riesgo de sufrir pobreza energética, un fenómeno que se concentra en algunos de los barrios más desfavorecidos, situados en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. En estos distritos confluyen un alto volumen de familias en situación de exclusión residencial, un parque inmobiliario de baja calidad e índices de desempleo elevados, indicadores que están directamente relacionados con la pobreza energética.
En nuestro evento de junio, "Big Data Saves Lives", los representantes de la administración pública y de algunas compañías suministradoras hablaron de los proyectos que ya se están llevando a cabo para intentar reducir el riesgo de pobreza energética. Sin embargo, los ponentes estuvieron de acuerdo en que se enfrentan a retos tecnológicos que no pueden solucionar ellos mismos. Por eso, empresas como Bismart están desarrollando soluciones para mejorar la eficiencia de esos proyectos y conseguir que cumplan rápidamente con sus objetivos.
Las leyes actuales: confusas y complejas
La Generalitat de Catalunya creó en 2015 una ley que impide a las compañías suministradoras efectuar cortes de servicio si el impago se produce por la falta de recursos económicos y les obliga a mantener el servicio de luz, gas y agua mientras dure la situación de vulnerabilidad o dificultad económica de la familia.
La tenienta de alcaldía y directora de área de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, también ha recordado que la ley otorga un papel de corresponsabilidad a las compañías suministradoras en casos de vulnerabilidad.
Respecto al gobierno central, existe una tarifa de último recurso que hasta ahora eximía del pago de una parte de la factura eléctrica a las personas en situación de riesgo.
Estas leyes han sido muy polémicas porque no hay acuerdo sobre si son las compañías las que deben afrontar ese gasto o no.
Campaña del Ayuntamiento de Barcelona para la defensa de los derechos energéticos
El reto de la reducción de la pobreza energética
Así pues, aun con los problemas en los tribunales, las empresas suministradoras de servicios básicos están obligadas a notificar a los servicios sociales de cualquier impago antes de proceder a la interrupción del servicio.
Sin embargo, eso no siempre sucede. El año pasado, una anciana de Reus murió en el incendio que causaron las velas con las que iluminaba su casa después que le cortaran la electricidad.
Como se trató en nuestro evento “Big Data Saves Lives”, el método que se está utilizando actualmente es reactivo. Eso significa que hasta que una familia no puede afrontar el pago de los servicios y se presenta una situación de impago, los servicios sociales no conocen la situación y no pueden intervenir si la familia no ha pedido ayuda activamente.
Durante el evento se reiteró la necesidad de contar con una aproximación preventiva que sea capaz de evitar estas situaciones antes de que se produzcan.
El papel de las compañías suministradoras
Algunas suministradoras están intentando evitar el agravamiento de este problema con mecanismos como el fondo de solidaridad de Agbar (Aigües de Barcelona).
El fondo de solidaridad de Agbar tiene por objetivo ayudar a superar la situación de riesgo en la que se encuentra este colectivo.
Además de esta bonificación social, el Ayuntamiento de Barcelona ha planteado la posibilidad de eximir del pago de la tasa de gestión de residuos y alcantarillado a las personas en esta situación.
Gas Natural también ha puesto en marcha un mecanismo para proteger a las familias en riesgo a raíz de la muerte en Reus. La compañía ha destinado 4,5 millones de euros a este programa que incluye una línea telefónica de atención gratuita para atender a las familias.
Además, nuestro equipo de Bismart, está poniendo todo su empeño en desarrollar soluciones para facilitar el trabajo a los servicios sociales y agilizar la detección de familias en riesgo y la concesión de ayudas.
Los siguientes pasos
Aunque estas iniciativas son un gran paso, durante el debate en el evento “Big Data Saves Lives” las compañías y los servicios sociales denunciaron que la falta de interoperabilidad impide avanzar en este proyecto, pues les dificulta en gran medida la comunicación y posterior identificación de las personas en riesgo. Por ello, exigen una solución a este problema que les permita repartir las ayudas de forma eficiente y piden las herramientas necesarias para poder tratar con todos los datos de los que dispone cada entidad.
Si estás interesado en participar en este debate puedes unirte a nuestro grupo de LinkedIn "Big Data Saves Lives" y compartir tus conocimientos y experiencias.
